Para que se garanticen derechos como la salud, la educación y el trabajo es fundamental que la población tenga acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda adecuada. Sin embargo, esto se ha convertido en una problemática tan compleja que actualmente uno de cada tres hogares en el país no cuenta con una vivienda adecuada. Y en Tucumán, se estima que el 40% de la población sufre carencias habitacionales, ya sea porque necesita una casa nueva o porque requieren mejoras y ampliaciones.

Los datos a nivel nacional surgen de un informe privado que realizaron en conjunto el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización Techo. Dicho análisis también reveló que el déficit habitacional en todo el país es de casi casi millones de viviendas: 1,3 millones de familias necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras.

Déficit cuantitativo

Debido a la excesiva demora en los resultados del Censo 2022, no hay datos específicos de la situación en Tucumán. Sin embargo, si se toman como punto de partida los resultados del Censo 2010 y los relevamientos más recientes de Indicadores de Condiciones de Vida (EPH) y de Encuesta de Condiciones de Vida Tucumán (ECVT) que realiza la Dirección de Estadísticas Provincial, es posible estimar que unas 681.000 personas (el 40% de la población tucumana) encuentran en alguna situación deficitaria de vivienda. Al menos esa es la proyección que realizó para LA GACETA el titular de la Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Hugo Cabral.

“En Tucumán, como en el país, la magnitud y características del déficit habitacional constituyen una situación de emergencia que requieren de respuestas rápidas y masivas que atiendan la diversidad de situaciones habitacionales deficitarias”, remarcó el funcionario nacional. A su vez, señaló que la información que arroje el último Censo será clave para reformular las políticas públicas y poder atender mejor una problemática compleja.

De acuerdo con las estimaciones que realizó Cabral, unas 200.000 familias son las que sufren carencias habitacionales. “Podemos considerar que casi un tercio requiere una vivienda nueva”, indicó. Traducido a cifras es posible estimar que en Tucumán existe actualmente un déficit cuantitativo de más de 60.000 viviendas. Es decir que se deberían construir en la provincia esa cantidad de casas nuevas para atender esa parte de la problemática.

Carencias cualitativas

Por otra parte, el funcionario de la cartera que desde hace casi un año conduce Santiago Maggiotti señaló que casi dos tercios de las 200.000 familias que padecen carencias habitacionales requieren otros tipos de respuestas. Son unas 140.000 casas con un déficit cualitativo que tienen que ver con la necesidad de ampliaciones, refacciones, infraestructura, distintos servicios, saneamiento y seguridad jurídica, entre otras falencias.

“En esta gestión nacional, a pesar de todas las adversidades, se logró reactivar la construcción de viviendas con 121.000 viviendas entregadas y unas 120.000 en ejecución en todo el país”, subrayó Cabral. A su vez, aseguró que también en el gobierno de Alberto Fernández pudieron comenzar a generar las condiciones para resolver el acceso a la tierra apta para urbanizar. “Esto último no es un problema más, es “el” problema a pesar de la gran extensión de nuestro país. Tenemos pendiente encarar con el mismo ímpetu el déficit cualitativo”, advirtió. Actualmente es casi nula la legislación sobre ordenamiento territorial en el país. Sólo el 20% de los distritos (Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuenta con una normativa en ese sentido, según el Cippec.

La Constitución Nacional promueve un desarrollo territorialmente equilibrado: garantiza tanto el derecho al desarrollo como el derecho ambiental en una visión constitucional donde el medio ambiente no antagoniza con el desarrollo económico. En otras palabras, promueve un desarrollo sustentable. Sin embargo, no existe una ley que materialice este principio orientador. “Una ley nacional es la única forma de garantizar un crecimiento urbano ordenado y planificado”, expuso el Cippec.

Ejecución en Tucumán

En cuanto a la construcción de nuevas viviendas por parte del Estado, Cabral informó a este diario que Tucumán tiene aprobados proyectos para construir 9.377 casas nuevas, de las cuales están en ejecución 4.462 a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Procrear y Comunas Rurales. “No obstante, la necesidad de abordar el déficit cualitativo y de generar tierra de calidad para futuras urbanizaciones exige un amplio abanico de líneas de acción que permitan resolver de manera integral el acceso al hábitat y vivienda digna”, remarcó el funcionario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Cabral, en ese sentido, dijo que además de las obras de nuevas viviendas están propiciando programas de planificación y gestión del suelo urbano en municipios y comunas, una ley de ordenamiento territorial provincial y programas integrales para atender el déficit cualitativo. “Miles de familias necesitan una ampliación o refacción, o mejoramiento de su barrio”, insistió.

Casos de precariedad

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Tucumán hay más de 45.000 familias tucumanas que viven en unas 41.000 viviendas precarias. Según los datos relevados por el Observatorio de Barrios Populares, que depende del Ministerio de Desarrollo Social Argentina, en la provincia hay 298 barrios populares: casi el 77% son asentamientos y el 23% son villas. Del total, 77 se encuentran en la Capital tucumana, 36 en el departamento Tafí Viejo y 34 en Cruz Alta. El 65% de todos estos barrios se crearon a partir de la década del 90.

De acuerdo con los datos recopilados hasta junio de 2023, sólo el 1,68% de las 41.000 viviendas cuenta con una conexión formal a la red de agua corriente, con factura. Ninguna de esas casas cuenta con servicio de gas natural (cocinan con garrafa o carbón) y alrededor del 25% no tiene una conexión formal a la red de electricidad.